Marco jurídico de las sociedades mercantiles estatales

A continuación exponemos cuál es el marco jurídico de las empresas en las que trabajamos. Bajo este marco, consideramos injusta y de más que dudosa legalidad, la aplicación en nuestras empresas del RDL 20/2012, en virtud del cual nos han reducido el salario de 2012 en un 7 %.

Las sociedades mercantiles estatales se encuadran dentro del artículo 2.e y 3.2b de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. En el artículo 3 de esta Ley se diferencia el sector público en:
‐ Sector público administrativo
Sector público empresarial y
‐ Sector público fundacional
Y, a su vez dentro del sector público empresarial se incluyen:
‐ entidades públicas empresariales
sociedades mercantiles estatales y
‐ otras entidades.
Por lo tanto, de acuerdo con esta ley, queda claro que estas sociedades forman parte del “sector público”, pero no del sector público administrativo sino empresarial.
Asimismo, en el artículo 3.1.d del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se establece que se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades: “Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a a f del presente apartado sea superior al 50 %.”
El artículo 3, en su apartado 2 establece:
“2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades:
Los mencionados en las letras a y b del apartado anterior.
a. Los Organismos autónomos.
b. Las Universidades Públicas.
c. Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y
d. Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:
1.  que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o
2. que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.”
Dentro de la definición de Administración Pública, no pueden considerarse incluidas las sociedades mercantiles estatales, que no reciben aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, sino que tienen que financiarse con su propia actividad, consistente en la venta de bienes o prestación de servicios en régimen de mercado, y que laboralmente se rigen por convenios sectoriales, como cualquier otra empresa privada.

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